La masacre de Cararabo, conocida un 25 de febrero de 1995 a través
de las imágenes de TV que presenta entonces el periodista José
Vicente Rangel, y sacadas hoy del museo de la memoria por Hugo Chávez
Frías para su descargo, a raíz de la denuncia colombiana de
que la narcoguerrilla usa lanzacohetes AT- 4 suecos propiedad del Ejército
de Venezuela, es de muy dolorosa recordación. Ahora más, puesto
que el recuerdo se cuece sobre las ollas de una probable traición.
Ocho infantes de marina nuestros son brutalmente asesinados – degollados
– en tanto que otros cuatro quedan heridos y tres desaparecidos, por
acción de guerrilleros de la columna Domingo Laín del llamado
Ejército de Liberación Nacional (ELN). Practican éstos
un ejercicio para su graduación como tales: el “bautizo de fuego”.
El puesto fluvial de Cararabo es el objetivo y para ello disponen de unos
setenta irregulares, apoyados por armas largas, morteros y cohetes. Tienen
tantas armas que no necesitan buscar otras.
La brutal acción sobre el puesto fronterizo de la Marina de Guerra
venezolana, cercano a Puerto Páez, conmueve nacional e internacionalmente.
Su brutalidad es lesa. Les sacan la lengua a los jóvenes infantes dejándoselas
colgadas a la manera de corbatas, luego de cortarles el cuello y de regarlos
con más de una docena de tiros a cada uno. El demente Comandante Alexis,
acompañante de los iniciados, campesinos drogados para la prueba, narra
años luego desde la cárcel – al periodista Roberto Giusti
– que a varios de tales infantes los encuentran llorando en el baño
y otro yace escondido bajo la cama, a quien le siegan la vida con fuego cerrado.
El odio hacia Venezuela de la narcoguerrila es mucho y así lo demuestran.
De los partes de la época, unos dicen se trata de soldados venezolanos
sin preparación, bisoños, que sirven de obstáculo al
libre tránsito de gasolina hacia Colombia, básica para la fabricación
de la cocaína. Sus caídas y sus identidades – Colmenares,
Armada, Ascanio, Graterol, Viloria, Contreras, Guarenas, Arenas - nada inmutan,
por obvias razones, a quienes ahora, gobernando el país de espaldas
a su historia, viven en maridaje con los victimarios de Cararabo, que también
lo son del Cutufí, el Nula, los Bancos de Apure, la Sierra de Perija,
los Totumitos, y paremos de contar.
Los partes recuerdan que los irregulares, al final de sus crímenes
de guerra, se hacen de “dos lanchas, alimentos, medicinas, armamento
y municiones”. En 2004, la periodista Patricia Poleo precisa que son
“dos morteros, 20.000 proyectiles, varias subametralladoras y una lancha
artillada de visión nocturna”. No se mencionan los AT-4 suecos.
¿Cabe preguntarse, pues, si es tan grande el poder de fuego del puesto
fluvial masacrado – que es solo eso, un puesto . y tiene en depósito,
como lo afirma Chávez Frías, unos AT-4 de origen sueco “robados”,
porqué no los usa para su defensa? ¿La sorpresa se lo impide?
¿Cómo llega a manos de la Marina un armamento que se compra
a Suecia y queda bajo custodia y responsabilidad del Ejército? ¿Éste
los transfirió con acta y seriales a aquélla, dejando constancia
de la novedad en los certificados de uso del armamento respectivo?
Las dudas desbordan, en efecto. Pero esta del uso y destino de los AT-4 se
resuelve con el simple documento que no muestra el Presidente al declarar:
los “certificados de uso”, suerte de partida de nacimiento que
recibe cada arma desde cuando sale de su fábrica y en la que se relaciona
el destino, transferencias, y uso del material bélico con sus exactos
seriales. ¿Consta, a la luz de estos certificados de uso, que los AT-4
“robados” en Cararabo – según el propio Chávez
– se corresponden en sus seriales con las armas que le quita el Ejército
colombiano a la vecina narcoguerrilla de las FARC, que no al ELN?
Pero el tema no queda allí. No se reduce a la enojosa denuncia colombiana.
No basta que el mandatario nuestro diga cuanto dijo para que su sola palabra
haga prueba, o que muestre a la ligera unos papeles impertinentes. Lo veraz
es que cuánto más habla más se enreda y despierta los
fantasmas de la historia.
Releyendo sus confesiones a Agustín Blanco Muñoz a partir de
1995, recogidas en el libro “Habla el Comandante”, Chávez
recuerda que hacia diciembre de 1976 hace patrullaje en la zona caliente del
Cutufí. Encargado como está de perseguir al ELN, concluye que
guerrilla es igual a hambre y miseria. La ve y se ve a él mismo en
sus orígenes e inicia – lo dice - sus lecturas para comprender
“sobre la guerrilla, al Che de nuevo, a Mao” (pp. 50 y 51). Y
llegado 1992, el momento del cruento golpe de Estado contra Carlos Andrés
Pérez, narra sobre “el parque más grande del centro del
país” situado en el Cuartel Páez, de donde él llena
“un autobús con todo ese cargamento” (pp. 271 y 272), y
ajusta que civiles de la izquierda comprometidos “se llevaron las armas
que le dimos de los cuarteles”.
¿Dónde van a parar dichas armas y que uso final se les da, luego
del golpe? ¿Los AT-4 suecos comprados por el Ejército, son del
Cuartel Páez o están – según lo dice Chávez
ahora y a distancia de 13 años - en manos de los imberbes e inexpertos
marinos de Cararabo?
Lo que preocupa no es tanto el maridaje sellado e inoculto entre el Presidente
de Venezuela y la guerrilla colombiana, que certifica en 1999 el Capitán
de Navío Ramón Rodríguez Chacín en el Punto de
Cuenta que éste le eleva al primero previa su firma y que más
tarde denuncia el Comandante Jesús Urdaneta Hernández ante el
propio Blanco Muñoz. Incomoda, sí, lo que son datos de un affaire
no suficientemente investigado pero que muestra los trazos de una conspiración
contra Venezuela.
Los escribanos oficiales de la Revolución, Luis Bonilla-Molina y Haiman
El Troudi, en su libro “Historia de la Revolución Bolivariana
(Pequeña crónica 1948-2004)”, pasan al vuelo sobre la
tragedia de Cararabo. Pero dicen suficiente en la ordenación de sus
informaciones. Reseñan que en el Municipio Páez “se produjo
un alzamiento popular que, a pesar de no tener relación orgánica
con el MBR-200, reivindica la gesta de los militares patriotas”, la
conducida por Chávez. “Mujeres, hombres, jóvenes y hasta
niños convirtieron a la población llanera en territorio liberado
por una semana”. Y agregan, que “bajo el pretexto de la incursión
de columnas guerrilleras en el sector se da inicio a una jornada de represión
sin precedentes en la región”, por parte de las autoridades venezolanas.
¿Fue acaso Cararabo la respuesta? ¿Llega ella en nombre y para
reivindicar el liderazgo bolivariano naciente? ¿Se trata, en concreto,
de una reacción sangrienta a la denuncia de los abusos ejercidos contra
la población de Puerto Páez, en nombre de ésta y por
su adhesión al comandante Chávez?
Son muchas, pues, las interrogantes que destapa el presidente e inquilino
del Palacio de Miraflores, con su explicación sobre el origen de los
lanzacohetes AT4 vendidos por Suecia a Venezuela. Es tan elemental que no
se ajusta a la reacción inicial de aquél, quien decide retirar
a su embajador y al personal diplomático acreditado en Bogotá.
Si el asunto se reduce a un robo ¿porqué no lo explica antes
o ahora, por vía diplomática y sin sobresaltos, o telefónicamente,
al presidente Álvaro Uribe?
¿Dónde están las armas del 4 de febrero de 1992? ¿Las
sigue cuidando, según los mentideros, el líder sindical que
ocupa la Casa desde donde despacha en el pasado Cipriano Castro, o su consorte
de la época? ¿Las tiene la guerrilla?
Lo cierto es que Hugo Chávez Frías, con rabia no oculta –
quizás fingida como le es costumbre – comenta a Blanco Muñoz
antes de ser electo gobernante y antes de que Uribe gobierne a Colombia, que
“el presidente de Colombia – se refiere a Samper, enemigo abierto
de los norteamericanos y libre de sospechas - y su ministro de defensa, señalan
que un teniente coronel del ejército venezolano, que soy yo, participó
en un ataque guerrillero y que está en conspiración con la guerrilla
colombiana” (p. 285).
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Nota del Editor: Asdrúbal Aguiar es un reconocido jurista, académico,
columnista y político venezolano. Fue gobernador del Estado Bolívar
y del Distrito Federal, y también Ministro de la Secretaría
de la Presidencia y de Relaciones Interiores en el gobierno del presidente
Rafael Caldera.
