Jueces rojos socavan la democracia en Colombia - (2009-08-22)

Jacques Thomet- Un Journalisme d'investigation, Paris

Documento sin título
La acumulación de afrentas a la justicia en los tribunales amenaza la supervivencia del régimen democrático colombiano, amenazado desde hace 41 años por el terrorismo de las guerrillas, y a nueve meses de la elección presidencial. Una violenta guerra civil no es más que la cara oculta de intrigas de tipo castrista. No ignoramos desde este blog la complicidad de órganos judiciales con los terroristas sanguinarios de las FARC y del ELN. Esta parcialidad se traduce por asaltos cuotidianos contra la equidad y la libertad de expresión, a costa del Congreso y de héroes como el coronel Alfonso Plazas.

Lean aquí el reportaje de Eduardo Mackenzie*, y ustedes quedarán enterados de la caricatura de justicia, digna del totalitarismo combatido por el régimen colombiano, que ilustra las últimas transformaciones en vía de dinamitar la democracia. Alfonso Plazas, hay que repetirlo, es aún un héroe a los ojos de los colombianos. A la cabeza de sus hombres, puso fin a la sangrienta ocupación del Palacio de Justicia de Bogotá por los terroristas del M-19 en noviembre de 1985. 200 jueces fueron asesinados por esta guerrilla, que había prendido fuego al palacio para destruir los expedientes en curso de instrucción contra sus miembros y los de sus aliados de día, los traficantes del cartel de Medellín dirigido por el antiguo congresista liberal Pablo Escobar.

Conocí personalmente al coronel Plazas durante mi estancia en Bogotá, cuando estuve a cargo de la Agencia France-Press para Colombia, Venezuela, Ecuador y el Caribe. Plazas estaba entonces encargado de la lucha anti-drogas. Gracias a su acción, miles de millones de dólares fueron recuperados por el Estado, con el embargo de bienes de manos de traficantes de cocaína. Me acuerdo de una mina de oro a cielo abierto, frente a un lago dominado por una residencia lujosa, donde estrellas femeninas de la TV o de los concursos de belleza no habían vacilado en la época de servirles de incentivo a los reyes de la cocaína. El coronel tomó, para devolverlos a las autoridades, esos terrenos ilegales. Yo estuve allí. Nadie ignora en Colombia el combate contra la droga de este hombre íntegro que no ni bebe ni fuma.

Una juez sin escrúpulos acaba de ordenar la transferencia del coronel, detenido a partir de falsos testimonios inaceptables en su contra, obtenidos de criminales a cambio de una reducción de pena, a la prisión maldita de La Picota, infestada de criminales. Su detención en un hospital militar ya era un escándalo. La intervención manu militari, sobre su cama de enfermo, de 20 energúmenos convocados por esta juez, sin ningún mandato, para llevarlo amarrado a La Picota sobrepasa todos los límites. Esta juez deberá dar cuenta de eso un día delante de un tribunal independiente. Pero el horror judicial no se limita al caso del coronel Plazas, un héroe en Colombia desde su intervención contra M-19. Conviene recordar que amnistías concedidas por presidentes sin ton ni son permitieron a terroristas del M-19, como el senador de extrema izquierda Gustavo Petro, o su compañero Antonio Navarro Wolff, gobernador del departamento de Nariño, continuar actuando contra la democracia.

Hoy Colombia en su inmensa mayoría (el 80 % de los electores según todos los sondeos), desea la reelección de Álvaro Uribe a la presidencia en mayo de 2010. Sin embargo, el escollo reside en los órganos judiciales. A pesar de la firma de cinco millones de colombianos favorables a la aprobación de un referéndum para decidir si Álvaro Uribe puede representarlos, gracias a una modificación de la Constitución, la Corte Suprema, infestada de jueces corrompidos o amenazados o a las órdenes de la guerrilla sanguinaria de las FARC, intenta oponerse a la voluntad popular. En una decisión sin precedentes en la historia de las democracias, esta Corte Suprema, cómplice de las FARC y gangrenada por la mafia, como ya lo revelé, recientemente abrió una investigación contra 86 miembros del Congreso que se habían atrevido a apoyar el proyecto de referéndum. El temor de ser perseguidos incita a un número de elegidos de la Cámara de Representantes a no presentarse el martes próximo al Congreso, a pesar del sí al referéndum adoptado por Senado este jueves. Invocan razones de salud, apoyados en certificados médicos, para no tener que votar y arriesgar así la conservación de su puesto. En tal clima deletéreo, todo puede suceder, y hasta lo peor en la democracia más vieja de América Latina, lo que ninguno desea, como un enfrentamiento de consecuencias incalculables, que no dejarían de explotar los dictadores castristas en ciernes, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Evo Morales y Rafael Correa. Su sueño inconfesado es reducir Colombia a una etapa más de su combate contra la libertad de expresión antes de la llegada del "gran día": el comunismo totalitario, del cual Cuba nos ofrece una sorprendente imagen.

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