No deja de sorprender el giro de 180 grados que ha venido dando la realidad política del país. No es para nada extraño ver que la historia ya no la escriben los vencedores. O por lo menos así ya no es en nuestros pueblos latinoamericanos. La marea roja, hoy conocida como mamertos, integrada por ex terroristas y por quienes dicen no serlo pero que en efecto lo siguen siendo en la clandestinidad, sigue haciendo estragos y no desmayan en esfuerzos para cambiar la historia, mintiendo para engañar y lograr “que el universo conspire a su favor” como lo diría Paulo Coelho.

Los hechos  del Palacio de Justicia son  una historia de falacias  oficiales y de luxación de la realidad; un tétrico montaje que intenta ocultar toda una cadena de anomalías con las que se ha  facilitado la mayor violación a los derechos humanos y el más aberrante atentado que haya tenido una democracia en el mundo por parte de un grupo narco-terrorista, como lo fue el M-19, la posterior impunidad con las amnistías, el indulto y re-indulto   de los directos gestores y  responsables del magnicidio para  poner en marcha un perverso, pero no nuevo, plan de suplantación y falseamiento  de la verdad con el ánimo de legitimar el terrorismo y lograr el lucro por medio de condenas internacionales contra el Estado colombiano.

La  denominada Comisión de la Verdad,  ha configurado una antítesis de  la teleología por la cual fue creada. En ella no hay  verdad absoluta. Los  tres  prestigiosos juristas infelizmente le han hecho  juego al olvido al digerir  y en sostener las versiones suministradas por  los ex terroristas y sus hinchas en la legalidad sobre el holocausto; y por ello peca en graves vaguedades y agudas aseveraciones. Si bien es cierto, el informe no  establece responsabilidades individuales, sino que su naturaleza es más política, es altamente lamentable  que sus investigaciones fueran secretas, y amparada en deponentes que en su mayoría honran al M-19. Nunca se  manifestó  públicamente la  hoja de ruta para llevar a cabo esas investigaciones, no se practicaron  audiencias públicas.

De lo poco  rescatable de dicho informe es la ratificación  acerca de la financiación que tuvo la operación “Antonio Nariño”. Es innegable  que esa acción terrorista no tuviera el concurso del cartel de Medellín.  Esa ayuda mutua era una necesidad para los pares criminales que la financiaron y ejecutaron. Así que no es nada nuevo esa revelación, pero sí es importante, ya que los ex terroristas y mamertos han negado  con vehemencia  esa inobjetable realidad. 

No deja de sorprender que incriminen al Estado colombiano por acción y omisión en el holocausto del palacio de justicia. Por omisión, porque según la Comisión de la Verdad,  El Estado Colombiano ya había sido alertado de la toma y retiró la seguridad policial justo una semana antes.  Desconoce la Comisión, que según fuentes oficiales,  fue el mismo Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Darío Reyes Echandía, quien solicitó el  retiro de  la vigilancia que hacía la Policía Nacional en el palacio para sustituirla por vigilancia privada,  quienes no tenían la pericia semejante a la Policía Nacional y además estaban muy mal armados. Parece que la Comisión de la Verdad mandó a mejor vida esta evidencia.

Es de lamentar la tacha que hace la Comisión de la Verdad frente a las investigaciones posteriores que se desarrollaron para esclarecer los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Es importante recordar que esas investigaciones tienen asunción en el Decreto 3300 de 1985, con el cual se conforma el Tribunal Especial de Instrucción, estaba integrado por dos magistrados elegidos por la misma Corte Suprema de Justicia que sobrevivió a la acción terrorista. Absurdo es que ahora, se tache  lo concluido por una investigación que sí fue pública, con la validez constitucional de la época y con una inmediación más eficaz a los hechos.  La Comisión de la Verdad, ha hecho honor a la inseguridad jurídica del país.

No son pocas las tergiversaciones y reproches que a nombre de no sé quién hace la Comisión de la Verdad  al gobierno de la época. Por un lado le reprochan el uso de la fuerza, el derecho y la legitimidad que un Estado tiene para defenderse del terrorismo. Con la toma de la Embajada de República Dominicana, se configuró un nefasto precedente, donde se legalizó el secuestro por parte de grupos terroristas.  Seguramente querían que el Estado colombiano accediera a las pretensiones del  hampa, del terrorismo bajo la excusa del “que cese el  fuego”, como si el originador hubiera sido la Fuerza Pública que reestableció el orden. Si el Estado colombiano no hubiera hecho uso de la fuerza, ahí sí hubiera incurrido en omisión.

Más lamentables son aún,  los reproches que se le hizo a la entonces Ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada por ordenar transmitir en cadena nacional  del partido de fútbol Millonarios vs Unión Magdalena. ¿Acaso era saludable transmitir la guerra en vivo y en directo en horario familiar? ¿Era necesario que los niños vieran cómo un grupo terrorista estaba desangrando a su país?

En mala hora, este informe final de la Comisión de la Verdad, le hace el juego a las organizaciones que defienden no los derechos humanos sino los derechos de los inhumanos y colocan en la picota pública a nuestros héroes que nos rescataron de una hecatombe por parte del terrorismo. Sin duda alguna, lo que viene es la conjuración de la injusticia de la justicia.