Tantos comentarios sobre los 20 años de la toma del Palacio de Justicia, me motivaron a escribirles esta misiva, donde me permito hacer algunas reflexiones sobre el tema.

Tristemente, hay un copamiento de los espacios de discusión sobre la toma del Palacio de Justicia por sectores claramente parcializados de la vida política e intelectual de nuestro país, quienes emiten sus juicios como si fueran verdades de a puño. Para ser más precisos y andar sin rodeos, por el “mamertismo” doméstico, representado en ya conocidos personajes y diversas ONG.

La consecuencia de lo anterior, es que –una vez más- la Fuerza Pública es demonizada. Al día de hoy, y más tristemente aún, los únicos defensores del obrar de las autoridades en los sucesos del 5 y 6 de noviembre de 1985, provienen de los sectores castrenses, como el coronel Plazas Vega, y de algunos que ocupaban cargos en el Gobierno de turno. ¡Pero si –como bien ha dicho el coronel- el día de la toma la ciudadanía aplaudía al paso de los tanques rumbo al Palacio, y se les vitoreaba y se ondeaban pañuelos blancos en su respaldo! Pero, ¿y qué pasó con el transcurso de los años? Pues lo dicho más arriba, la ciudadanía se durmió y dejó que el mamertismo local se apoderara del discurso y de las opiniones en torno a este tema.

No nos andemos con cuentos. El contexto de la época y la naturaleza de la acción (una guerrilla beneficiaria de la generosidad gubernamental, el atrevimiento supremo de tomarse el máximo edificio de la Justicia, la temerariedad del ataque, la incoherencia de sus pretensiones, la defensa de las instituciones) exigían una respuesta armada.

Siempre se ha discutido si esa reacción tenía que haber sido inmediata y masiva, como en efecto lo fue, o más pausada y “quirúrgica” (como en el caso de la toma de la embajada japonesa en el Perú por el grupo MRTA), pero lo único cierto es que la respuesta tenía que ser armada y contundente. Que la respuesta pudo ser excesiva o torpe, es posible. Pero las condiciones en que quedó planteado el enfrentamiento corrieron por cuenta del grupo agresor, quienes además, en su afán de complicar más aún el escenario del combate, o por incinerar los expedientes, no es claro, iniciaron el pavoroso incendio por todos visto en la televisión.

Sin embargo, y recordando que aún hay tiempo de efectuar las investigaciones del caso, si se demuestra que integrantes de la Fuerza Pública incurrieron en delitos como las ejecuciones sumarias, o la desaparición forzada, pues que se dicten las respectivas condenas.

Y no deja de ser paradójico, puesto que los socios de los perpetradores de la toma se pavonean hoy en día por los pasillos de todo tipo de Corporaciones Públicas, pero así es la democracia y ese es el precio que a veces hay que pagar por lograr la reconciliación (a ver si esto lo entienden quienes en estos días se rasgan las vestiduras por el proceso de paz con las Autodefensas). Casualmente, estos personajes “no sabían de los planes de tomarse el Palacio y de haber estado ahí no lo hubieran aconsejado”.

Finalmente, quisiera también elevar un comentario en relación con la conmiseración nacional por las víctimas del asalto al Palacio y sus familiares. De por Dios, nadie quisiera tener que pasar por lo que pasaron estas personas. Pero ya han pasado 20 años, y es hora que las opiniones de los familiares se tomen como se deben tomar, como el testimonio de personas que no pueden ser objetivas frente a estos sucesos, porque los entienden y exponen con comprensible rabia y frustración. Esos sentimientos, en muchos casos, han contribuido en confundir la verdadera responsabilidad de los hechos, a veces con participación de los torcidos intereses mencionados antes.

Insistimos en que, más allá de las personas, más allá de las individualidades, lo que primaba era el interés público y general, y ese interés exigía una respuesta fuerte, resoluta, e inmediata. Y esto que voy a decir puede levantar aún más ampollas, porque cada uno es dueño de su propio miedo, nadie se puede imaginar cómo va a reaccionar ante un suceso de esta envergadura, con una pistola en la sien y un micrófono en la boca. Ser magistrado de las máximas Cortes del país, no es sólo ir todos los días a una oficina, cobrar un salario, y sentar jurisprudencia. Es encarnar las instituciones colombianas en toda su dignidad, al Poder Judicial con toda su solemnidad. Ser magistrado, implica asumir una responsabilidad más allá del simple deber, que se ha de pagar –si es necesario- incluso con la vida.

Entonces, ¿por qué siempre se recuerda el clamor del dr. Reyes Echandía pidiendo el alto al fuego, se transmiten sus dolorosas palabras y –en cambio- no se recuerda la voz de algún magistrado (no recuerdo bien cuál, un amigo me ha dicho que fue la magistrada que falleció en los hechos) exigiendo la respuesta inmediata de las autoridades y clamando por la recuperación del edificio a la legitimidad?

Señores de Verdad Colombia: encabecen Uds. un movimiento que procure enderezar la memoria nacional, que evite una mentira histórica –que a algunos interesa- que se pueda consolidar con el transcurso de los tiempos en el sentido de que fue el Gobierno responsable de los sucesos, y que restaure la aprobación y el respaldo por la actuación de la Fuerza Pública, admitiendo que si hubo excesos y que si se demuestra la existencia de delitos de su parte, pues que paguen quienes hayan de pagar. Que el país cierre filas en torno a sus autoridades en este doloroso suceso y recuerde siempre quién, y con la ayuda de quiénes, fue el autor de la toma que desencadenó esta masacre, quiénes ejecutaron a sangre fría a los rehenes cuando vieron perdida su temeraria intentona, y que sus socios bajen la cabeza y se humillen cuando se recuerde el incidente: El M-19.

Cordial saludo,

OMAR BOHÓRQUEZ