Las acusaciones sobre un supuesto montaje para simular atentados terroristas por parte de oficiales del Ejército han sido el detonador para que se desarrolle una gran campaña de desprestigio contra las Fuerzas Militares. Las acusaciones de la prensa son calumniosas, total o parcialmente. El Tiempo afirmó inicialmente que había 5 o 6 oficiales comprometidos, y mencionó una unidad en particular: la regional de Inteligencia, RIME. Esto último y la descalificación de operaciones reales y valiosas son afirmaciones absolutamente falsas. Aun queda por ver si la actuación de dos oficiales de la CIC se puede calificar de dolosa. Semana, por su parte, ya consiguió algo que recuerda la época triste de la Fiscalía anterior: el testigo multiusos que dice lo que quien le pregunta quiere escuchar. Este, un tal Farid Mota, primero guerrillero de las FARC y luego autodefensa, dice que los oficiales de la BR-13 montaron todos los atentados, y además que harán otro real. Nuevamente falso. Los oficiales mencionados no pertenecen a la BR-13, como afirma el “testigo” y varios de los embarques de explosivos incautados antes del 7 de Agosto lo fueron por otras unidades, diferentes aquella a la cual pertenecen el Mayor Hermida y el Capitán Barrera. Lo que ocurre es que en nuestro país se consiguen testigos para todo. Mota nos recuerda al negro Vladimir, el “testigo” omnipresente de la Fiscalía de Gómez Mendez, o al soldado (recluso también) políglota pero analfabeta, que escuchaba las conversaciones en inglés de un General que no hablaba ese idioma. Si uno se empeña, consigue alguno que diga que los atentados los organizó la revista Semana.

El ataque concertado que se ha desatado es una demostración palpable del daño que pueden hacer informes de prensa malintencionados y basados en rumores que no tienen un sólido fundamento.

Lo que estamos viendo es una andanada dentro de lo que se denomina la “Guerra Política”, con estrategias diseñadas para lograr mediante la desinformación lo que la subversión no ha sido capaz de lograr por las armas. El debate más virulento lo hizo Petro, que confrontó al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y cuestionó la Política de Seguridad Democrática. Los resultados de esta política, sin embargo, son evidentes para los colombianos. El Senador Petro en su momento militó en el M-19, una organización armada marxista que se dedicó a la extorsión, el secuestro y el robo de bancos entre otros delitos. La agrupación dejó una estela de asesinato y dolor. Ahora este ex guerrillero se presenta como un Catón que acusa al Ejército que derrotó al M-19. Abusa, claro está, de la generosidad de la democracia colombiana, que lo invitó a volver a la sociedad pacífica sin pagar un día de cárcel por sus delitos. Además, la sociedad, representada en el gobierno, le dio dinero y hasta puesto diplomático en el exterior. En las postrimerías del período de Cesar Gaviria, el ex guerrillero Petro fue nombrado para representar al Estado que atacó, y a la sociedad que lo perdonó, como funcionario de la embajada en Bruselas, Bélgica.

Pero el debate de Petro es apenas uno de los frentes del ataque que busca el desprestigio de las Fuerzas Militares. Estos ataques se fundamentan en algunos hechos lamentables y ciertos, pero también en muchos otros que no son tan claros o son, simplemente, falsos. Y las mentiras tampoco son nuevas. En el caso del Palacio de Justicia, por ejemplo, se acusó en su momento al Ejército de la desaparición de una guerrillera del M-19 que salió viva del Palacio. Luego esta apareció, como se dice comúnmente, “vivita y coleando”, en Méjico. En otros frentes atacan ciertas ONG que han contado con la colaboración de la oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Es obvio que en cuarenta años de guerra, como en cualquier guerra, ha habido errores militares; desviaciones de comportamiento de algunos de miembros de las Fuerzas Militares. Son muchos años y han pasado por las filas de las Fuerzas cientos de miles de hombres. Pero conviene recordar tambiénque son miles los soldados que han ofrendado su vida por defender nuestra democracia; otros han perdido sus piernas, sus brazos o sus ojos, para defender la libertad de los colombianos contra aquellos que han intentado imponer un régimen de esclavitud comunista por la fuerza.

Ahora varios personajes, algunos insensatos y otros en su juego político marxista, estén hablando de la necesidad de una ley de inteligencia. ¿Qué podrá ser esa ley, más que una cortapisa a lo que más temen los subversivos: la inteligencia militar? Se explica la iniciativa porque la inteligencia ha permitido la captura de una buena parte de los mandos medios de las FARC y del ELN. En días pasados estudié la ley británica en este aspecto. En términos muy sencillos, la ley dice, respecto a la inteligencia y la contrainteligencia, que se puede hacer todo aquello que sea legal dentro del territorio del Reino Unido, y fuera de este territorio, lo que se considere necesario. Así de sencillo. En ese régimen parlamentario, el director de cada servicio, llamados allí MI-5 y MI-6, autorizan lo que consideren necesario y una vez al año rinden un informe a un comité parlamentario designado para ese efecto. Es una ley que permite enorme amplitud. Imaginémonos, en cambio, el adefesio de norma que saldría de un congreso donde, hablando con claridad, hay una representación de sectores que, en forma abierta o encubierta, simpatizan con la subversión. La ley luego iría a la Corte Constitucional, que le añadiría más limitaciones.

De lo que no se habla ahora es de la filtración. Es obvio, a estas alturas, que el Vicefiscal Otálora sabe quienes fueron los que se dedicaron a hacer inteligencia contra el Ejército, y fue él quien aseguró al Ministro de Defensa que había evidencias contundentes. Si “Jessica” era una informante veraz, se han perdido posibilidades importantes para golpear a las FARC. Pero aun sino le era, si la agente doble era leal a la guerrilla, se hizo un daño grave a la imagen de la inteligencia militar, y se calumnió a una unidad que no tuvo nada que ver con el asunto: la Regional de Inteligencia. El Vicefiscal tiene la obligación moral de revelar todo lo que pasó. Este episodio lamentable tiene que tener consecuencias para quienes filtraron una información secreta e hicieron grave daño a las instituciones que velan por nuestra seguridad.